10 preguntas sobre la certificación energética (Pisos.com, 21 de mayo de 2013)

El certificado energético de las viviendas es un documento que permite saber lo eficaz que es un inmueble respecto a su consumo de energía, para lo cual se realiza un estudio basado en una metodología específica. Se trata de una condición necesaria para todo aquel que pretenda vender o alquilar una casa a partir del próximo 1 de junio.

Así se desprende del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de abril. Sin embargo, todavía existen dudas sobre, por ejemplo, las posibles sanciones que conllevaría anunciar una casa que no disponga del mismo o el órgano competente de la autonomía donde registrar dicho certificado.

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1. ¿Quién es el responsable de obtener el certificado?

Según el artículo 5.1 del Real Decreto, “el promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio”. Así pues, la responsabilidad recae directamente sobre el propietario de la casa en cuestión. Cuando es una vivienda nueva, el dueño suele ser la empresa promotora, mientras que si es segunda mano, la titularidad puede recaer en un profesional, como una entidad bancaria, o en un particular que quiera vender o alquilar su vivienda.

2. ¿A dónde se debe acudir para certificar un inmueble?

En los últimos meses han proliferado las empresas que ofrecen la emisión de este documento. Existen compañías que se han creado a tal efecto y otras que resultan ser divisiones de negocio de tasadoras, consultoras o agencias de intermediación. Por otro lado, también hay profesionales autónomos que ofrecen este servicio. Acuda a donde se acuda, es fundamental que se exijan garantías que prueben que la empresa o persona que va a certificar la vivienda posee los conocimientos adecuados, sobre todo, respecto a los dos programas informáticos (CE3 y CE3X) reconocidos para realizar certificaciones por los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento.

3. ¿Qué perfil se necesita para ser certificador?

El técnico competente se define dentro del artículo 1.3 del Real Decreto, concretamente en el apartado p, como “el técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”. Al recurrir a dicha normativa, las titulaciones académicas a las que se hace mención son las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico.

No obstante, en la disposición adicional cuarta se abre la puerta a otros técnicos cualificados en función de lo que determine los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento si dicho sujeto acredita “la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética”. A la espera de la orden conjunta de los ministerios, se podría pensar que cualquier persona que realice un curso sobre certificaciones energéticas podría emitirlas. Por otro lado, la legislación autonómica podría ampliar o restringir estos criterios, dado que tiene competencia en este sentido.

4. ¿Cuánto cuesta un certificado energético?

Antes de que se aprobara la ley, se manejaba un coste medio de unos 250 euros para un piso en altura de entre 80 y 100 metros cuadrados. A medida que ha ido creciendo el número de empresas dedicadas a la certificación, hemos visto como el coste se ha ido abaratando hasta ver ofertas por poco más de 150 euros. Por otro lado, se especula que grandes tenedores de inmuebles, como las entidades financieras, podrían beneficiarse de extraordinarios descuentos en la emisión de certificados, llegando a pagar incluso 50-60 euros por cada vivienda. Lo más lógico sería que la ley de la oferta y la demanda marque los precios.

5. ¿Existen ayudas y/o subvenciones públicas?

No se ha previsto ninguna ayuda directa para costear la obtención del certificado dirigida a los propietarios de inmuebles. Sin embargo, el Gobierno sí que ha establecido una serie de ayudas y subvenciones dirigidas a fomentar la eficiencia de las viviendas dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. Se debe tener en cuenta que junto con el certificado, se obtiene una etiqueta que califica la casa de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente) y un documento con recomendaciones concretas que se pueden llevar a la práctica para subir en esta escala. Por lo tanto, es muy posible que algunas de las obras propuestas para reducir la energía que consume la vivienda cuenten con apoyo económico público, desde la sustitución de la caldera hasta la mejora de los aislamientos, pasando por la incorporación de energías renovables.

6. ¿Qué vigencia tiene? ¿Hay que renovarlo?

Tal y como se expone en el artículo 11 del Real Decreto “el certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años”. Respecto a su renovación, será el órgano autonómico competente en materia de certificación energética, una vez comience a operar, el que establezca el protocolo de actuación. Lo que sí es seguro es que la obligación de hacerlo recae, una vez más, en el propietario del inmueble. No obstante, si se realizan obras de calado que supongan una clara mejora en la eficiencia, se podría actualizar el certificado antes de su expiración. No se conocen tarifas respecto a la renovación o actualización de los certificados.

7. ¿Dónde se registra el certificado?

Una vez obtenido el certificado, el propietario debe registrarlo, lo que seguramente llevará añadido una tasa. Siguiendo el Real Decreto, en el artículo 5.6 se establece que el documento debe presentarse “al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial”. Por otro lado, en la disposición adicional tercera se da a las autonomías un plazo de tres meses para poner en marcha este registro y desarrollar la norma en el ámbito regional. Esto significa que hasta el 13 de julio no existe obligación de contar con un registro.

Se entiende que durante el periodo de tiempo entre la obligatoriedad de tener el certificado (1 de junio) y la obligación de abrir un registro (13 de julio) será imposible que se apliquen sanciones de ningún tipo. Son todavía pocas las regiones con normativa propia, cuerpo de inspectores y registro en funcionamiento. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha puesto a disposición de los interesados un documento recopilando los organismos de contacto para la certificación energética de edificios, tanto estatales como autonómicos.

8. ¿Qué infracciones y sanciones están previstas en la ley?

El Real Decreto admite en el artículo 18 que “el incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico, se considerará en todo caso como infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios y se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas de rango legal que resulten de aplicación”. Este punto resulta complejo, dado que no se especifica cuáles son las normas legales concretas. No obstante, en el mismo artículo, se menciona la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que en su título IV, capítulo II, artículos 49-52, establece una serie de infracciones y sanciones económicas.

Si nos atenemos a multas relativas a la materia de las certificaciones propiamente dicha, el Partido Popular ha presentado enmiendas al proyecto de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, pendiente de aprobación, relacionadas directamente con los certificados. En dichas enmiendas, se clasifican las infracciones en tres tipos: leves (de 300 a 600 euros), graves (de 601 a 1.000 euros) y muy graves (de 1.001 a 6.000 euros). Entre las leves está publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin certificado o expedir certificados sin la información mínima. Forman parte de las graves no cumplir con la metodología de cálculo establecida o no acudir al órgano competente para registrarlo. Por último, falsear un certificado se considera muy grave.

9. ¿Cuál es el objetivo de la certificación energética?

A través del certificado es posible conocer el estado del parque de viviendas actual en materia energética. Es una información muy valiosa porque facilita la puesta en marcha de políticas encaminadas a mejorar la eficiencia de los edificios. Para el responsable de costearlo, la opinión más extendida es que este certificado debería ser voluntario, no obligatorio. Hay quien lo ve como un gasto accesorio al que hay que hacer frente en un momento económico delicado, mientras que otros lo ven como una oportunidad magnífica para descubrir por dónde pierde energía su vivienda y qué se puede hacer para ahorrar en la factura.

10. ¿Es obligatorio disponer de un certificado energética para anunciar un inmueble?

En el artículo 12.2 del Real Decreto pone que “la etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio”, dejando clara la exigencia de contar con un certificado para anunciar un inmueble, ya sea en el escaparate de una agencia o en un portal inmobiliario. Dado que el régimen sancionador todavía está en trámite y muchas regiones aún no cuentan con un registro oficial o un equipo de inspectores, es muy posible que no se sancione desde el mismísimo 1 de junio.

No obstante, una vez pasado un periodo de transición, la posesión del certificado será imprescindible, no solo para publicitar un inmueble, sino para firmar las escrituras de la venta o el contrato de alquiler, puesto que el nuevo propietario o inquilino puede denunciar al vendedor o casero por carecer de certificado.

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