Opinión PSOE sobre la Reforma del Alquiler del Gobierno del PP

Leire IglesiasEsta es la intervención literal de la Diputada del Grupo Socialista en el Congreso, Leire Iglesias, para argumentar el rechazo del PSOE a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada la semana pasada en el Congreso con los votos del PP, UPN y Foro Asturias:

” Desde esta tribuna ya se han hecho apreciaciones de buena sustancia, de buen calado, que compartimos, como las expresadas en la intervención del Grupo Mixto y en la última del Grupo de Convergència i Unió. El proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler está plagado de burlas en su tramitación parlamentaria. En realidad casi la totalidad de los proyectos relacionados con la materia de vivienda que llegan a esta Cámara en esta legislatura lo están. Esta técnica parlamentaria que empieza a ser habitual en este Gobierno puede ser perfectamente calificada de indecente. Lo ha sido la tramitación del procedimiento de la Ley de desahucios, en la que los textos derivados de la tramitación de un real decreto-ley, aceptado como proyecto de ley en este Pleno, y de la iniciativa legislativa popular, promovida por un millón y medio de ciudadanos, nada tenían que ver con el texto que finalmente salió de la ponencia y que nunca pasó por este Pleno del Congreso de los Diputados. Lo está siendo también la tramitación del proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en el que vía enmienda el Grupo Popular pretende modificar hasta trece normas que nada tienen que ver con el objeto de la ley. Lo es sin duda también este proyecto de ley, que probablemente hoy será definitivamente aprobado.

Recordemos que la reforma del alquiler fue anunciada en el mes de agosto del año pasado. Inició su recorrido parlamentario con cinco artículos, y no había salido aún del Congreso cuando se cortó la mitad del texto de la ley. Se aprovechó una enmienda en el Senado a un proyecto de ley que nada tenía que ver con el proyecto de ley del alquiler -se aprovechó la tramitación de los presupuestos- para eliminar la mitad del proyecto de ley de medidas de flexibilización del mercado del alquiler, dejando clara cuál era la verdadera urgencia del Gobierno con la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Le dieron mucha prisa a la concesión de privilegios fiscales y a la reducción de exigencias para las sociedades de gestión inmobiliaria. Basta a partir de ahora con tener ocho viviendas y ofrecerlas al mercado -que no alquilarlas- para poderse beneficiar de unas ventajosas condiciones impositivas. Y ahora lo vuelven a hacer pero al revés. Si en aquella ocasión recortaron vía Senado el contenido del texto que estábamos debatiendo en el Congreso, ahora lo hacen a la inversa. Vía Senado incorporan al texto que debatimos en el Congreso dos artículos a través de unas enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de la ley. Y nos lo traen aquí para su ratificación pese a las advertencias, a las críticas y a las reclamaciones que diversos grupos parlamentarios hemos hecho ante las mesas del Congreso y del Senado.

Este Gobierno nos tiene ya demasiado acostumbrados a legislar mediante real decreto-ley, a abusar de su mayoría absoluta, a coartar el debate, a dictar normas de espaldas a los ciudadanos y a las ciudadanas y a bordear el Reglamento parlamentario para evitar tener que dar muchas explicaciones. Recordemos que estamos hablando de un proyecto de ley que podríamos definir de antiinquilinos y que en su objetivo de flexibilizar el mercado de alquiler alcanzará un gran logro: beneficiar a unos pocos que tienen mucho y perjudicar a muchos que tienen poco. Desprotege a los inquilinos facilitando que puedan ser desalojados de su vivienda en cualquier momento a partir del primer año prácticamente sin justificación. Solo les garantizan dos meses de los que les queden pendientes de arrendamiento, habiendo reducido la duración de los contratos a tres años -con dos meses será suficiente para desahuciar a cualquier arrendatario en cualquier momento- y desregulando condiciones como la actualización de las rentas, que serán impuestas directamente por los propietarios de las viviendas. Lejos de contener medidas para la protección de los sectores más vulnerables hoy, aquellos y aquellas que están afectados por la crisis, no han querido ni oír hablar de acoso inmobiliario o de medidas para aquellos que, debido a una situación de insolvencia sobrevenida, se vean afectados por una situación de desahucio; por supuesto, sin perjuicio de las garantías de cobro de los propietarios. Es más, su opción ha sido la de desamparar y señalar a todos los que se puedan ver afectados por una situación de impagos sin considerar las causas por las que estos se puedan haber producido. Compartimos que se debe garantizar al arrendador el cobro de las rentas y la conservación del estado de la vivienda, pero no deben ser más víctimas como consecuencia de una mala práctica minoritaria y una saturación judicial quienes más están sufriendo la crisis, aquellos a los que, por cierto, no se les da ninguna alternativa de vivienda social. El remate de que incorporen en sus enmiendas la creación de listas negras demuestra que no tienen pudor en señalar a los deudores por alquiler, inhabilitando a la gente que está reclamando en la calle y que se ve afectada por situaciones de desahucio a que pueda acceder por ningún medio al derecho a techo, pero seguimos sin conocer las listas de la amnistía fiscal o las listas de los sobresueldos.

Vamos al objeto y al contenido de lo que viene aquí derivado del Senado. Se trata de la incorporación de una enmienda ya famosa -efectivamente, señor Macias-, la enmienda 105, mediante la que incorpora el Grupo Parlamentario Popular una disposición adicional que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nunca jamás debió llegar hasta aquí y que, a mayor abundamiento, contempla la eliminación de derechos reconocidos con carácter retroactivo. Son dos las irregularidades contenidas en solo una. Y lo hacen en cuestiones que no son para nada de poca importancia. Eliminan la renta básica de emancipación, las ayudas subsidiación de préstamos -incluso aquellas que ya estaban reconocidas- y eliminan otras ayudas como las directas a la entrada. La renta básica de emancipación fue un derecho reconocido desde el año 2008 para facilitar a los y las jóvenes el acceso a la vivienda y emprender un proyecto autónomo de vida. Desde su puesta en marcha, más de 300.000 jóvenes pudieron acceder a ella. Señorías, les recuerdo por si a alguno se le ha olvidado -este Gobierno ha legislado tanto en tan poco tiempo y tan rápido que se les puede haber olvidado- que la primera medida -la primera- que el Gobierno adoptó fue precisamente la supresión de estas ayudas para nuevos beneficiarios. Fue la primera medida y toda una declaración de intenciones sobre las políticas que en materia de educación, de formación, de empleo, de igualdad, de igualdad de oportunidades y de participación democrática iba a emprender el Gobierno dirigidas hacia la población joven, a la que cada día condenan al exilio. Desde entonces el hecho de no considerar nuevas solicitudes y la reducción de las cuantías ha hecho que cada mes hayan sido menos los jóvenes que se hayan podido beneficiar de las mismas, hasta la consagración de su eliminación total a partir de este momento, justo cuando más dificultades tienen y más apoyo necesitan las y los jóvenes. Les he escuchado unas cuantas justificaciones para hacerla desaparecer; que si las recibía gente que pagaba luego alquileres muy altos, que si van a poder sustituirlas por las ayudas que contempla ahora el nuevo Plan de vivienda, etcétera. Les he escuchado tantas justificaciones como irrealidades de las que hablan. No han contemplado las diversas modalidades en las que los jóvenes se pueden emancipar, como compartiendo piso, que hacen que las rentas tengan que ser más elevadas. Desde luego no es verdad que vayan a poder sustituir unas ayudas por otras. Ustedes reducen el nivel de renta por el que se puede acceder a las ayudas, reducen la cuantía de las ayudas, reducen la ayuda mensual. No se puede cambiar una cosa por otra. Una vez más la única opción de los jóvenes para emanciparse será huir. Del mismo modo suprimen el reconocimiento de ayudas a la subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o cualquier otra actuación protegida de los planes estatales. Van contra aquellos que promovieron vivienda social o aquellos que tuvieron que acceder a vivienda social mediante este tipo de ayudas. ¿Qué quieren que les diga ya?

En lo que se refiere a préstamos, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tienen muy demostrado dónde están sus prioridades, sus intereses reales. En esta ocasión la burla es doble pero no tiene ninguna gracia; no solo aprovechan una ley que nada tiene que ver para derogar la ayuda sino que además le aplican un claro carácter retroactivo cuando fueron ayudas concedidas para un periodo de quince años con renovaciones automáticas. Esto no solo genera inseguridad jurídica a los afectados, les obliga además a asumir unos costes que no tenían previstos, lo que puede imposibilitar que hagan frente al pago de sus deudas por la eliminación de un derecho reconocido con anterioridad por el Estado. Son ustedes los que llevan directamente a la insolvencia a quienes antes eran beneficiarios de estas ayudas. Y es lo habitual, no han estado dispuestos a acometer una reforma de la regulación hipotecaria que sirviera para reestructurar las deudas, a darle una segunda oportunidad que impidiera la pérdida de la vivienda. No han acometido la adaptación de los préstamos establecidos mediante los índices de referencia de préstamos hipotecarios, los préstamos IRPH, para posibilitar que la bajada del Euríbor pudiera beneficiar a miles de ciudadanos y darles un respiro económico, y han aplazado esa decisión hasta octubre de este año. Háganlo ya, no tienen ninguna justificación para no hacerlo. Ahora suprimen un derecho sin el que muchos ciudadanos no notarán sobre ellos la asfixia de la crisis, notarán sobre ellos la asfixia del Gobierno. Si quieren abrir el debate, si quieren abrir el debate sobre el contenido de la disposición en la enmienda 105, háganlo, discutámoslo aquí, encontremos soluciones efectivas, pero dejen de burlarse de todo y de todos, no ratifiquen esta enmienda que nunca debió registrarse ni ser aceptada a trámite, ni en el fondo ni en la forma”

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