Bruselas, el decreto andaluz antidesahucios y la reacción de la Junta de Andalucía

La Comisión Europea avisó el pasado martes, día 25 de junio, de que el decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, pone en riesgo los objetivos del rescate bancario y ha pedido más explicaciones a las autoridades españolas, pero no ha aclarado si suspenderá el programa en caso de que la norma no se modifique.

“Consideramos que el decreto plantea riesgos al cumplimiento de los objetivos del programa”, ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor, al ser preguntado si el decreto andaluz vulnera las condiciones del memorándum de entendimiento firmado por España a cambio del rescate bancario.

El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta a las autoridades españolas en la que expresa su “inquietud” por considerar que el decreto andaluz “va más allá de lo que sería un enfoque equilibrado” y “debilitará la calidad del colateral”. “En particular, estamos preocupados por las disposiciones sobre sanciones y expropiaciones temporales, así como por la falta de claridad en la división de responsabilidades en esta cuestión entre las diferentes administraciones en España”, ha explicado el portavoz.

En particular, Bruselas teme que el decreto andaluz sea un precedente para actuaciones similares de otras comunidades autónomas y considera que no está clara la división de competencias en materia de vivienda entre Gobierno central y regiones, lo que puede generar nuevos conflictos de competencias que socaven la confianza de los inversores.

“Tememos que estos factores podrían aumentar la incertidumbre en el mercado español de la vivienda, desalentar a los posibles inversores y retrasar el despegue del mercado de la vivienda, lo que a su vez planteará retos a la compañía de gestión de activos (Sareb)”, ha explicado O’Connor.

Con todo ello, el objetivo del rescate de restaurar la viabilidad y garantizar el acceso al mercado del sector bancario español “podría verse retrasado o impedido”. En todo caso, el Ejecutivo comunitario no ha querido aclarar cuáles serán sus siguientes pasos si la Junta de Andalucía rechaza modificar el decreto, más allá de volver a abordar este problema en la próxima misión de la troika a Madrid, que tendrá lugar en otoño.

“La Comisión ha invitado a las autoridades españolas a que aclaren, tanto a los inversiones nacionales como a los internacionales, la situación legal y de gobernanza por lo que refiere a la deuda hipotecaria”, ha explicado el portavoz al ser preguntado por esta cuestión. Además, Bruselas ha pedido a las autoridades españolas “evitar cualquier medida que pueda dificultar el logro de la estabilidad financiera”. “Es esencial para crear la base de la recuperación en España”, ha insistido O’Connor.

El Ejecutivo comunitario espera ahora que el Gobierno central, su único interlocutor en la aplicación del rescate bancario, negocie con Andalucía para al menos modificar el decreto, según fuentes comunitarias.

Reacciones de la Junta de Andalucía

25 de junio de 2013: El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, considera “ridículo” y “fuera de lugar” plantear que el decreto andaluz antidesahucios, que prevé expropiaciones de viviendas, pueda poner en riesgo el sistema bancario español.

Con la precaución propia de que no había escuchado al ministro, Ávila ha señalado que De Guindos “no ha enfocado claramente el problema” porque poner en cuestión el sistema bancario por el decreto de la Junta “está fuera de lugar”. Además, ha dicho que ese decreto “tiene todos los filtros legales necesarios como para plantearse una respuesta de esa envergadura”.

26 de junio de 2013: La Junta reaccionó airada ante la carta que la Comisión Europea ha remitido al Ministerio de Economía alertando del riesgo que el decreto antidesahucios puede infligir a la estabilidad financiera del país, un objetivo con el que España se comprometió hace un año y por el cual recibió 40.000 millones de euros, condicionados al saneamiento de sus bancos. El Ejecutivo andaluz denuncia que las autoridades europeas “no tienen competencias” sobre la legislación autonómica y acusó al Gobierno de Rajoy de parapetarse tras la carta de Bruselas y presionar a Andalucía para que retire el decreto, “porque no se atreve” a presentar un recurso de inconstitucionalidad en los tribunales.

El portavoz de la Junta, Miguel Angel Vázquez, afirmó que el Gobierno intenta “magnificar” el mensaje de Bruselas sobre el decreto que permite la expropiación temporal del uso de viviendas a bancos en casos de desahucios con riesgo de exclusión social como “excusa o coartada” para recurrir la norma y le pidió que sea “valiente” para hacerlo. La Junta no duda del anclaje constitucional de la norma, más aun tras la entrevista de la consejera de la Presidencia con el presidente del Eurogrupo, Martin Schulz, quien le reconoció que otros países de la UE han desarrollado leyes de protección de los deudores hipotecarios más duras que el decreto andaluz.

Con todo, el contenido del mensaje de la Comisión trasluce un claro tono de preocupación por la norma, a la vez que conmina a España a hacer lo necesario para preservar el compromiso que firmó con Bruselas. “La Comisión Europea no tiene deseos de interferir en la legislación regional, pero nos preocupa que el decreto andaluz va más allá de un enfoque equilibrado para abordar el problema de los desahucios. Este decreto podría ser visto como un debilitamiento de los activos inmobiliarios (…) y tememos que pueda aumentar la incertidumbre en el mercado inmobiliario español, desalentar a los inversores extranjeros y retrasar el saneamiento del mercado financiero”, explican desde la Comisión.

LA CARTA // El lunes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, envió la carta a su homólogo en Andalucía, el consejero Antonio Avila, y ayer le pidió a través de los medios que haga lo necesario para corregir la norma. Según el ministro, el problema del decreto es que no tiene en cuenta los efectos que puede producir una medida así, que genera diferencias entre las entidades bancarias. “El Gobierno siempre sabe cuáles son sus obligaciones en ultima instancia”, respondió el ministro cuando le preguntaron si se plantea recurrir el decreto en los tribunales en caso de que Andalucía no modifique la norma. Avila tildó de “ridículo” y “fuera de lugar” plantear que la norma ponga en riesgo el sistema bancario español.

El decreto para el fomento de la vivienda, en vigor desde abril, permite sancionar con hasta 9.000 euros a los bancos con pisos vacíos en propiedad, y expropiar a los que estén a punto de desahuciar a una familia. Ya se han paralizado siete desahucios. En Andalucía hay 637.000 pisos sin habitar y una cuarta parte, según la Junta, son de los bancos. “Es una barbaridad y una inmoralidad que alguien quiera interpretar de manera exagerada que la felicidad de cientos de familias, todas aquellas que están en situación de perder sus hogares, pueda poner en riesgo la estabilidad de este país”, concluyó Vázquez.

 

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