Europa huye del ‘ladrillazo’ y protege al consumidor frente a los bancos (Finanzas.com, 11 de septiembre de 2013)

El Parlamento avala junto a la Comisión una nueva normativa que protege al consumidor con medidas como un plazo de siete días para analizar la oferta planteada.

unión europeaLa peor crisis que se recuerda desde el ‘crack del 29’ lleva cinco años -el día 15 de 2008 cayó el coloso Lehman Brothers- dejando un reguero de debates para intentar descifrar los porqués de este cataclismo financiero y social. Uno de ellos se refiere al mercado hipotecario, a analizar si la culpa fue de los que dieron dinero con una venda en los ojos o quienes lo pidieron sin poder devolverlo -las llamadas hipotecas ‘subprime’, exentas de toda garantía, fueron el epicentro de la crisis-. Una conjunción de enormes irresponsabilidades que la Unión Europea lleva meses intentando atajar para evitar que este tipo de escenarios, el de las burbujas inmobiliarias creadas artificialmente en países como España o Irlanda vuelvan a crearse y estallar.

Este martes, en su sesión mensual en Estrasburgo, el Parlamento comunitario, a la espera de la ratificación definitiva que se producirá en un periodo aproximado de un mes, ha aprobado una nueva normativa destinada a «acabar con los excesos del mercado hipotecario, salvaguardar los derechos del consumidor y sobre todo, profesionalizar el sector estrechando el control sobre las entidades financieras o aquellas que hacen las veces de intermediarias». «Es un hito. Europa se ha puesta a la vanguardia mundial con esta directiva», realzó el ponente del proyecto, el socialista gallego Antolín Sánchez.

Una visión también compartida por el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, quien destacó que el objetivo del Ejecutivo que lidera Durao Barroso es «prevenir los comportamientos de préstamos irresponsables en Europa y proteger a los consumidores». Lo que este martes se avaló debe ahora ser ratificado por la Comisión para acordar cómo se adecuarán estas nuevas medidas a los Estados miembros. No habrá mayores complicaciones, de forma que en el plazo de un mes la ley verá la luz en el Europarlamento y una vez se publique en el Boletín Oficial comunitario, los países tendrán dos años para trasponer la directriz a su cuerpo legal.

Evitar las ejecuciones

A diferencia de la denomina ‘ley antidesahucios’ española -refrendada en mayo por el Senado-, la normativa europea no es tan concreta y se limita a establecer un paraguas regulatorio de obligado cumplimiento aunque dejando cierto margen de maniobra a los 28 socios siempre y cuando no se sobrepasen las líneas rojas fijas. Quizá el acuerdo más llamativo es la estipulación de un plazo «obligatorio» de siete días para que el consumidor pueda reflexionar con detalle la oferta realizada por el banco. No solo eso. Otorga otra semana de margen en caso de que el prestatario decida recular tras la firma de la hipoteca.

Esta idea refleja a las claras el sentimiento de fondo de la nueva ley, que busca una suerte de blindaje de los derechos del consumidor. «Nos situamos a la vanguardia mundial al establecer un marco robusto para un mercado mas transparente, profesional, seguro y competitivo con un alto nivel de protección del consumidor y de inclusión financiera», destacó Sánchez.

En relación a las ejecuciones hipotecarias y la posibilidad de acogerse a las daciones en pago, uno de los asuntos más espinosos y que más controversia ha creado, la UE lo tiene claro: «la ejecución no pueden ser la primera respuesta a los problemas», realzó el ponente. En España, la ley diseñada por el Gabinete Rajoy y que el PP sacó en solitario en el Congreso, ya permite a los jueces suspender los desalojos en caso de exclusión social o la existencia de cláusulas abusivas.

La futura ley comunitaria, en este sentido, exigirá «una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones, limitará los cargos por impago e impedirá a los Estados que se opongan a la dación en pago en caso de que sea acordada por las partes. Asimismo, se impondrá el deber de buscar el «mejor» precio por la venta de la propiedad embargada y se exigirá a los países que faciliten el pago de las deudas que aún queden por contraer estableciendo unos mínimos salariales, que deberán ser concretados por cada socio.

Con el objetivo de ganar en transparencia y que cada el prestamista no pretenda ‘engañar’ al cliente se establecerán una serie de parámetros de control que van desde la creación de un registro europeo de financieras o la estandarización de documentos para que una persona puede comparar varias ofertas según los mismos parámetros. Por el contrario, los prestamistas podrán acceder a información sobre la solvencia del cliente para evitar otorgar una hipoteca a quien no pueda pagarla.

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