La ley de Vivienda escenifica las diferencias inconciliables entre los bloques de izquierda y derecha (Diario Norte, 2 de febrero de 2014)

  • La propuesta del PSE, que incluye gravar las viviendas vacías y expropiar las casas a los bancos, cuenta con los guiños de EH Bildu y se enfrenta a la oposición de PNV y PP.
  • UPyD, que puede actuar de juez y parte, defiende una ley progresista que impida los desahucios y que grave las viviendas vacías.

El Parlamento vasco se va enfrascar en los próximos días en el debate de las enmiendas de la futura Ley de Vivienda. Los partidos ya han puesto sus cartas sobre la mesa. El primero en hacerlo fue el PSE, que fue el que presentó la proposición de ley con el proyecto elaborado en la anterior legislatura, durante el Gobierno de Patxi López. Entre otras cosas, la proposición define como derecho subjetivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda. Es decir, que sea exigible ante los tribunales en el caso de no satisfacerse. También aboga por gravar a los dueños de viviendas vacías y articula un procedimiento para poder expropiar a los bancos aquellas viviendas que éstos a su vez hayan conseguido desahuciando a familias en situación de grave necesidad. Unas propuestas que han econtrado eco en EH Bildu y el rechazo frontal de PNV y PP. Así, la proposición de ley de Vivienda ha permitido escenificar con claridad la pugna que van a mantener los bloques de izquierda (PSE y EH Bildu) y de derecha (PNV y PP). En medio, UPyD, cuyo único voto se antoja decisivo ya que podrá inclinar la balanza en uno u otro sentido.

A partir de ahora, al PSE le queda un largo trabajo de ‘cocina’ para arrancar el apoyo de EH Bildu y de UPyD, aunque tenga que hacer algunas concesiones. Lo que parece muy difícil es que pueda cerrar algún acuerdo con PNV y PP atendiendo a la literalidad de sus enmiendas, que en la práctica representan una enmienda de totalidad a los aspectos más”atrevidos” del proyecto socialista, como gravar a las viviendas vacías y la fórmula de las expropiaciones.

De momento, el PNV ya diferencia entre “derecho social a la vivienda” y “derecho subjetivo”, algo innegociable para los socialistas. Bixen Itxaso, parlamentario del PSE y portavoz en materia de vivienda, puntualiza que “derecho social es el que los ciudadanos tienen a la sanidad, la educación…Aquí se habla de derecho subjetivo, se va mucho más allá”.

El texto establece el derecho subjetivo a:

1-La ocupación legal y estable de una vivienda, digna y adecuada, por aquellos colectivos cuya acceso al mercado libre, les haría caer en riesgo de exclusión social.

2-A ser beneficiarios de la expropiación temporal del uso de la vivienda,  durante un máximo de tres años, para las personas que dispongan de una vivienda que se encuentre en un proceso de desahucio por ejecución hipotecaria (instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte       adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos) y no puedan hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario sin incurrir en riesgo de exclusión social.

La propuesta también incorpora la “expropiación temporal de uso” a los bancos de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria.

Canon para viviendas vacías

En sus enmiendas, EH Bildu propone gravar con un canon diario de entre 10 y 15 euros los pisos que, en determinadas circunstancias, permanezcan vacíos durante más de un año. Esta medida aparece también recogida en la proposición de ley de vivienda del PSE, que cifra esa tasa en 10 euros anuales para los pisos sin utilizar durante más de dos años.

El objetivo de EH Bildu es imprimir un giro en la política de vivienda en Euskadi, de forma que todo el dinero público que las administraciones vascas destinen a la edificación se dirija al alquiler. En este sentido, existe coincidencia con el planteamiento que UPyD hace en sus enmiendas. Su parlamentario Gorka Maneiro propone que “toda la vivienda pública sea exclusivamente en alquiler” por considerar que es el medio “más justo y el que mejor posibilita que la vivienda pública se destina a aquellas personas que en cada momento más la necesitan, a los que se encuentran en peor situación económica”

En cuanto a la problemática de los desahucios, UPyD plantea una propuesta consistente en que la Administración tenga derecho preferente a quedarse con la vivienda de quien está a punto de ser desahuciado. Bien quedándose con el préstamo hipotecario (subrogación) cuando la familia es incapaz de hacerse cargo del préstamo (incapacidad económica sobrevenida), o reservándose el derecho de tanteo en la posterior subasta, para hacerse cargo de la vivienda y ponerla a disposición del desahuciado.

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