El Tribunal de la UE corrige por segunda vez la Ley Hipotecaria española (Noticias relacionadas)

1ª Sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre cláusulas abusivas 14-03-2013

Sentencia Tribunal Luxemburgo sobre Ley Hipotecaria española 17-07-2014

El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria (El País, 17-07-2014)

  • Afirma que los afectados están en inferioridad de condiciones frente a los bancos

Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.

Es el segundo revés que recibe España por parte de la justicia europea sobre este punto. En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo criticaron la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones —e impedir el desalojo de los afectados— mientras se resolvía el procedimiento sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato.

El Gobierno reformó poco después la ley para cumplir los requerimientos de Europa, pero a los jueces de Luxemburgo el cambio no les ha parecido suficiente. El tribunal estima en esta ocasión que el deudor queda en situación desfavorecida frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. El deudor que alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria. El banco, sin embargo, sí puede interponer recurso si le quitan la razón.El Tribunal de la UE pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.

El Gobierno, que tuvo que pedir un rescate a Europa para salvar a los bancos, no ha sido igual de diligente en la protección de las personas en peligro de desahucio. Y ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Europeo quien le dé un segundo revés.El juez mercantil de Barcelona que originó el varapalo anterior, José María Fernández Seijó, ha leído la nueva sentencia: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.

La sentencia, que se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y que se ha dictado en tan solo dos meses y medio, tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), informa Europa Press.

El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.

 Una victoria contra los desahucios (El País, 19-07-2014)

  • La Audiencia de Castellón promovió el último revés a la ley hipotecaria por relegar a los afectados ante los bancos

Pedro y Sara (nombres ficticios porque no quieren que su caso trascienda) compraron una vivienda unifamiliar en Castellón hace justo once años. Era 2003, la provincia presumía de pleno empleo y los negocios crecían como la espuma. Como otros tantos, invirtieron en una buena vivienda y firmaron una hipoteca por 300.500 euros. Tenían que pagarla hasta junio de 2028 pero la crisis estalló y dejaron de amortizar la cuota. El siguiente paso era inevitable: el banco presentó demanda en 2011 solicitando el pago de todo el préstamo, los intereses ordinarios y de demora, y la venta del inmueble en subasta pública.

El proceso judicial debió acabar en junio del pasado año cuando el juzgado de Primera Instancia 3 de Castellón rechazó el recurso de los afectados contra el desahucio. Pero no fue así y su caso ha derivado en una condena del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española, que impide a los afectados un nuevo recurso que sí permite a los bancos. “Nosotros presentamos un recurso cuando no se podía para ver hasta dónde llegábamos y afortunadamente el juez lo trasladó a la Audiencia”, explica Pedro Bastida, abogado de los afectados. Fue así como el caso recayó en la Sección Tercera de la Audiencia de Castellón que preside el magistrado José Manuel Marco Cos. El recurso debió inadmitirse sin más, pero la Sala decidió suspender el procedimiento (que hubiera acabado en la orden de desahucio) y plantear las dudas sobre la igualdad de condiciones entre deudores y entidades bancarias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Marco explica, desde su despacho de la Audiencia que preside desde mayo de este año (semanas después de acudir a Luxemburgo), los interrogantes que le generaba la aplicación del artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que califica de “injusto”. A pesar de la legislación actual, no era el primer caso que llegaba a la Sección Tercera, que asume los asuntos civiles de Castellón, y que se inadmitían de forma automática. Hasta abril de este año.

La provincia de Castellón ha sido una de las que más ha visto crecer el número de embargos desde que comenzó la crisis. Los datos se duplicaban de un año a otro. En 2007, los juzgados de la provincia dictaron 455 ejecuciones hipotecarias. El pasado año fueron 1.813, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hubo años que se superaron las 2.300 órdenes de embargo.

El magistrado, ponente en el recurso, expone que se propusieron buscar una alternativa al carpetazo e impedir que este matrimonio (y por extensión el resto de afectados) no tuviera una segunda oportunidad de oponerse al desalojo. La Audiencia miró entonces al Tribunal Constitucional, pero se descartó. Hacía apenas unos meses que había inadmitido una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 695.4 de la LEC (el mismo que el tribunal europeo ve ilegal) planteada por un juzgado de Avilés al considerar que podía vulnerar el principio de tutela judicial efectiva. El fiscal no consideró pertinente el planteamiento y el Constitucional ni tan siquiera lo admitió.

El Constitucional rechazó cambiar el artículo que ahora impugna Europa

Por ello, explica el presidente de la Audiencia de Castellón, la sala optó por acudir a Luxemburgo. Sobre todo por el precedente. El pasado año el tribunal europeo dio el primer revés a la ley española al estimar que los jueces sí podían suspender cautelarmente las ejecuciones hipotecarias mientras resolvían otro procedimiento. Planteada la cuestión a Europa, la Sección Tercera dejó en suspenso todos los recursos a órdenes que llegaron a la Audiencia. Al menos una cada semana hasta superar la decena. El Tribunal de la Unión Europea ha resuelto en un tiempo récord por la importancia de la materia tratada, tal como pidió la Audiencia. Y lo ha hecho dándole la razón.

Así, el Tribunal Europeo ha constatado esta semana el “desequilibrio” existente en la legislación española y su vulneración de la directiva europea sobre cláusulas abusivas porque sitúa al consumidor (deudor) “en una situación de inferioridad”. Y con ello ha abierto la veda para paralizar todos los embargos sobre los que ya no cabía posibilidad de recurso. Marco Cos destaca que, aunque todavía no se haya cambiado la legislación, prima el derecho comunitario y ahora los juzgados sí pueden admitir a trámite los recursos de los afectados por desahucios y trasladarlos a la Audiencia.

La noticia ha sido recibida como una “victoria” por la PAH de Castellón, que personaliza en el presidente de la Audiencia este éxito. “Está muy comprometido y decidido a impartir justicia, es más social de lo que estamos acostumbrados”, dice María Jesús Garrido, portavoz de la plataforma. “Ahora los afectados también podemos recurrir, poco a poco vamos logrando victorias”.

 Segunda corrección (El País, 21-07-2014)

  • Las normas hipotecarias, recién cambiadas, aún son demasiado desfavorables para el deudor

El Gobierno tendrá que reformar, por segunda vez, las normas legales que regulan el mercado hipotecario para corregir las prácticas abusivas en contra de los deudores y a favor de las instituciones financieras que denuncia el Tribunal de Luxemburgo. Las objeciones de los jueces europeos se resumen en que, a pesar de los cambios en la ley introducidos por la autoridad económica española a instancias del mismo Tribunal, el deudor sigue en situación desfavorable ante los tribunales respecto a los acreedores bancarios: si bien los bancos pueden recurrir cualquier resolución judicial favorable a los acreedores, éstos no pueden recurrir cuando la decisión es favorable a las entidades financieras. Un desequilibrio que es contrario a los principios básicos del derecho.

Conviene prestar mucha atención al nuevo revés infligido por el Tribunal europeo por dos motivos de valor político y jurídico. No es habitual —y produce un cierto sonrojo— que se rechace por segunda vez una legislación después de una primera advertencia para que una ley injusta se acomode a criterios equitativos entre los firmantes de un contrato. Da la impresión de que el Gobierno procedió a la primera modificación hipotecaria a regañadientes, arrastrando los pies, por pura obligación institucional. Esta reticencia podría atribuirse bien a que el Ejecutivo es más sensible a los argumentos de bancos y cajas que a los intereses de sus clientes o bien a que no es consciente de la distancia que separa la ley española de las leyes europeas, donde los derechos de los tomadores de hipotecas están más protegidos, en línea con criterios sociales y de bienestar común.

Otra circunstancia debería llevar al Gobierno a la reflexión: los jueces españoles, encargados de interpretar y aplicar las sentencias de desahucio, han protestado sistemáticamente por la aplicación de la ley hipotecaria; es más, han encabezado en algunos casos la rebelión contra la norma. Resulta un mal negocio el que los encargados de aplicar una ley estén en contra de ella y aunque sólo fuera por esa circunstancia el legislador debería haberla modificado mucho antes. Y más cuando se han recibido advertencias continuadas desde instancias europeas cualificadas.

Las observaciones del Tribunal de Luxemburgo deben ser aplicadas con prontitud en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque son justas y la sociedad española se merece normas financieras homologables con Europa. No son, sin embargo, las únicas pertinentes. Los desahucios no deberían aplicarse en condiciones de clima extremo (por ejemplo, en invierno); y desde luego convendría revisar a fondo las sanciones a que da lugar el impago de una hipoteca. En todo caso, lo que ahora cabría exigir al Gobierno es que atienda sin reservas mentales las observaciones del Tribunal de Luxemburgo para que no haya lugar a una tercera reconvención.

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